Los consejeros y administradores de las sociedades se encuentran m\u00e1s vigilados que nunca por parte de la Agencia Tributaria.<\/p>\n
El control aumenta cada a\u00f1o, hasta el punto que en dos a\u00f1os, el n\u00famero de expedientes ha crecido un 17,1% y,\u00a0seg\u00fan el \u00faltimo informe de control tributario, en 2022 se incrementaron en un 7,7% las derivaciones de responsabilidad y otras\u00a0exigencias de deudas a terceros, realizando as\u00ed 31.313 actuaciones en frente de las 29.078 que se llevaron a cabo el 2021.\u00a0Este incremento contin\u00faa la tendencia de los \u00faltimos a\u00f1os en los que\u00a0se ha realizado\u00a0un esfuerzo para incrementar este tipo de actuaciones para arreciar el cobro de las deudas. La consecuencia de estas derivaciones de responsabilidad es la consecuci\u00f3n del cobro de deudas por un importe de 580 millones de euros, es decir, un 31,5% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n
Resulta habitual que estas actuaciones de cobro,\u00a0en frente a los deudores,\u00a0contemplen tanto derivaciones de responsabilidad como la adopci\u00f3n de medidas cautelares. El efecto econ\u00f3mico que suponen estas medidas, en relaci\u00f3n al 2022, asciende a 456 millones de euros, un 67,9% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n
El a\u00f1o 2022 se adoptaron 4.797 medidas cautelares, un 5% menos que el 2021 y un 27,6% m\u00e1s que hace dos a\u00f1os.Esta cifra total incluye la realizaci\u00f3n de 745\u00a0acuerdos de prohibici\u00f3n de disponer sobre bienes inmuebles propiedad de sociedades las acciones o participaciones de las cuales fueran propiedad del deudor y se hubieran embargado, y a trav\u00e9s de ellas se pudiera ejercer el control efectivo, ya sea total o parcial, directo o indirecto,\u00a0sobre la sociedad titular de los inmuebles. Con esta medida cautelar\u00a0se pretende evitar\u00a0la despatrimonialitzaci\u00f3n de la sociedad titular de los inmuebles, impidiendo su transmisi\u00f3n a un tercero.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en 2022 la Agencia Tributaria ejercit\u00f3 1.101 acciones judiciales, un 6,3% m\u00e1s que el 2021 (1.036) y un 90% m\u00e1s que el 2020 (579),\u00a0una\u00a0evoluci\u00f3n impulsada, fundamentalmente, por las acciones concursales y civiles que\u00a0ha estado\u00a0reforzando su\u00a0\u00e1rea de recaudaci\u00f3n. Las acciones judiciales son supuestos en los cuales, para la consecuci\u00f3n del pago de las deudas,\u00a0no solo se despliegan las facultades administrativas sino que la Administraci\u00f3n tributaria recorre v\u00edas judiciales en los casos legalmente previstos.<\/p>\n
El \u00e1mbito judicial para el cobro de deudas puede tener su expresi\u00f3n en diferentes \u00f3rdenes. En la orden civil mediante la interposici\u00f3n de tercer\u00edas\u00a0activas\u00a0o acciones civiles, en la orden mercantil por varias acciones concursales, de retroacci\u00f3n, oposici\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas etc. y en la orden penal como los casos de insolvencias punibles.<\/p>\n
Estos resultados son consecuencia\u00a0del\u00a0 aumento de la presi\u00f3n ejercida por la Agencia Tributaria sobre los contribuyentes,\u00a0con las derivaciones de responsabilidad, un procedimiento iniciado por parte de la Administraci\u00f3n para reclamar el pago de las deudas y sanciones pendientes, tanto tributarias como no tributarias a las personas o entidades a las cuales la normativa tributaria considera responsables como consecuencia de haber realizado determinadas actuaciones o comportamientos regulados a la ley.\u00a0Si el procedimiento acaba con la declaraci\u00f3n de responsabilidad, el afectado tendr\u00e1 que hacer frente al pago de las deudas y sanciones por las cuales haya sido declarado responsable, junto con el deudor principal.
\nTodos los asesores fiscales consultados confirman el aumento de derivaciones de responsabilidad que los llegan. Incluso, la misma Agencia Tributaria,\u00a0reconoce su intenci\u00f3n de mantener la presi\u00f3n dada la eficacia demostrada como instrumento de prevenci\u00f3n y control del fraude en fase recaudatoria,\u00a0y\u00a0durante el 2023 se continuar\u00e1 activamente con las actuaciones de investigaci\u00f3n dirigidas a identificar a terceros responsables y\u00a0a\u00a0otras personas el cargo de las cuales la ley impone la obligaci\u00f3n de pago, y a acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirlos el pago de las deudas as\u00ed como un refuerzo de las medidas cautelares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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