A partir del 1 de enero de 2025, entrará en vigor una nueva cotización adicional de solidaridad, regulada por el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta medida, que afectará progresivamente a los trabajadores con salarios más altos y a sus empresas, supondrá un aumento escalonado en las cotizaciones sociales hasta 2045. La cotización se aplicará cuando las retribuciones superen la base máxima de cotización establecida cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).
Aunque aún no se conoce la base máxima de cotización para 2025, si tomamos como referencia la de 2024 (4.720,50 euros mensuales) y la incrementamos un 3,5%, podría situarse en 4.885,72 euros. La novedad de esta medida radica en que cualquier salario que supere esta base estará sujeto a una cotización extra. Esta nueva cotización se dividirá en tres tramos: el 5,5% para el exceso salarial hasta el 10% por encima de la base máxima, el 6% para el exceso entre el 10% y el 50%, y el 7% para el exceso superior al 50%. No obstante, en 2025, las tasas serán más bajas para facilitar una transición gradual: 0,92%, 1% y 1,17%, respectivamente.
En un escenario hipotético en el que una persona trabajadora perciba un salario bruto mensual de 7.500 euros durante todo 2025, el coste mensual de esta nueva cotización adicional para la empresa sería de 21,72 euros, mientras que la aportación de la persona trabajadora sería de 4,32 euros. Anualmente, esto supondría un coste adicional para la empresa de 260,64 euros por trabajador y una deducción del salario bruto para el trabajador de 51,88 euros.
Este incremento gradual en las cotizaciones sociales tendrá un impacto significativo en las empresas, especialmente en sectores estratégicos como el tecnológico, donde los salarios elevados son comunes debido a la alta cualificación de los empleados. A medida que los tipos de cotización alcancen los niveles finales del 5,5%, 6% y 7%, los costes para las empresas se incrementarán considerablemente. En el ejemplo mencionado, la cuota mensual de solidaridad de la empresa llegaría a los 134,29 euros y la del trabajador a 26,73 euros, lo que implicaría un aumento del coste anual para la empresa de 1.611,48 euros por trabajador, y una reducción del salario bruto anual de 320,76 euros para el trabajador.
Este cambio normativo podría suponer un desafío para las empresas que dependen del talento altamente cualificado, ya que el encarecimiento de las cotizaciones sociales podría influir en su capacidad para atraer y retener a los profesionales más valiosos, afectando a sectores clave para el futuro económico del país.
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