En fecha 14 de noviembre de 2024 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva Ley Orgánica que trata sobre uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y que se encuentra recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, el derecho de defensa, siendo aplicable a partir del 4 de diciembre de 2024.
De este modo, con la presente se interesa regular las bases de configuración del derecho de defensa y su implicación a la práctica, teniendo en cuenta varios puntos importantes:
- La asistencia jurídica gratuita, la calidad exigida para la misma y los requisitos que deben concurrir para que sea aplicable, haciendo especial énfasis en el sector de las personas menores de edad.
- Especial dedicación al derecho de información del ciudadano respecto a su procedimiento, tanto por la administración como por el profesional de la abogacía. En consecuencia, el cliente debe estar informado del estado de su procedimiento, de los riesgos y posibilidades de éxito del mismo y además podrá tener acceso a su expediente si lo cree necesario.
- Se hace especial mención a la situación de las personas mayores en relación a la tecnología y la necesidad de adaptación del sector en este ámbito para facilitar de este modo su inclusión y entendimiento hacia sus procedimientos judiciales.
- También destaca la necesidad de atención al lenguaje utilizado, instando a los profesionales a usar un lenguaje claro, sencillo y comprensible para el cliente.
No es casualidad que el punto más comentado de la nueva regulación haya sido el deber de información que existe entre el abogado y su cliente en relación a los costes del procedimiento. La nueva Ley de Defensa advierte de la necesidad del cliente de tener conocimiento de los costes que puede acarrear en cada caso un procedimiento judicial, teniendo en consideración no solamente los honorarios del profesional, sino también las posibles costas del procedimiento.
Lo cierto es que en la actualidad es una cuestión compleja para los profesionales poder acotar a una cifra exacta las costas que pueden ser impuestas derivadas de un juicio ya que los métodos de cálculo y baremos ofrecidos son hasta día de hoy, poco concretos. No obstante, es a través de la presente regulación que se insta a los Colegios de Abogados a renovar y mejorar esta situación mediante la elaboración de criterios orientadores que permitan cuantificar las costas.
En conclusión, la presente regulación ha articulado uno de los derechos más importantes en nuestra sociedad, el derecho a la defensa, tratando este derecho no sólo desde la perspectiva del ciudadano, si no también imponiendo diversos derechos y deberes a los profesionales de la abogacía.
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