El pasado 22 de marzo de 2026 entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2026, que introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Esta medida permite ampliarlos por períodos anuales hasta un máximo de dos años, con el objetivo de proteger a los arrendatarios en un contexto de incremento de los precios de la vivienda.
Así pues, se podrá aplicar la prórroga extraordinaria si se cumplen dos requisitos:
a) Que la finalización del plazo del contrato o de sus prórrogas se produzca entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y
b) Que el arrendatario envíe una solicitud expresa al arrendador.
La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo en dos supuestos:
- Que las partes hayan acordado la formalización de un nuevo contrato con una renta inferior a la vigente, o
- Que el arrendador haya comunicado en tiempo y forma la necesidad de ocupar la vivienda para uso propio o de un familiar.
Durante el período de prórroga se mantendrán las mismas condiciones del contrato.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 8/2026 también establece una limitación extraordinaria en la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. En concreto, para los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la renta que deba ser actualizada al cumplirse la correspondiente anualidad queda limitada a un 2%.
Finalmente, esta norma debe ser sometida, en el plazo de un mes, al Congreso de los Diputados, que podrá convalidarla o derogarla. No obstante, desde el 22 de marzo sus efectos jurídicos son plenamente eficaces mientras se mantenga vigente.
Ante este nuevo marco normativo, es especialmente recomendable revisar los contratos de arrendamiento vigentes y valorar el impacto que estas medidas pueden tener tanto para arrendadores como para arrendatarios.
En Feliu Consultors podemos ayudarle en este análisis: disponemos de un departamento especializado en revisión de contratos de arrendamiento y asesoramiento jurídico inmobiliario, para garantizar que sus decisiones se ajusten a la normativa vigente y a sus intereses.