Salvo nueva prórroga, la moratoria concursal expirará este 30 de junio, mientras que la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, con la que el Gobierno busca agilizar y facilitar los procesos de reestructuración y evitar así un alud de concursos, se demorará más allá de esa fecha. De hecho, el proyecto ley aún tiene que ser aprobado en el Congreso, y, posteriormente por el Senado. Esto significa que, salvo nueva moratoria, se abrirá un impás en el que, en ausencia de nueva ley, las empresas en situación de insolvencia volverán a tener la obligación de solicitar concurso de acreedores y estos podrán instarles el concurso necesario.
Durante meses, la intención del Gobierno ha sido sincronizar el final de la moratoria con la entrada en vigor de su reforma de la Ley Concursal para evitar avalancha de declaraciones de insolvencia. Sin embargo, habiendo ese espacio temporal, se teme que se produzca un repunte significativo de los concursos, pero se evita hablar de avalancha puesto que la reforma concursal cambiará las reglas de juego, aunque sea con retraso.
Asimismo, el final de la moratoria también aflorará y acotará el problema de las empresas zombis (aquellas que pese a que no tiene posibilidades de continuar con su actividad empresarial, tampoco han sido liquidadas amparándose de forma totalmente improcedente en la normativa Covid), pues muchas de ellas se verán abocadas directamente a su liquidación tras haberse acogido a la moratoria y no haber adoptado las medidas necesarias para revertir su situación de insolvencia a tiempo.
Todo ello en espera de la nueva Ley Concursal, que no solo transpone la Directiva europea sobre insolvencias, sino que acomete una significativa reforma del sistema concursal español para poner el foco en las herramientas preventivas, las reestructuraciones tempranas y un procedimiento exprés para las micropymes con el fin de reducir la judicialización de los procesos.