La reforma refuerza la protección del uso residencial de las viviendas, modifica las reglas de los alquileres temporales e introduce cambios en el IVA de determinados alojamientos de corta duración.
El Real decreto ley 29/2026, de 6 de octubre, incorpora un conjunto de medidas con incidencia directa en propietarios, locatarios y gestores de alojamientos turísticos. Publicado al BOE el 7 de octubre, entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre de 2026, a pesar de que algunas disposiciones tienen una fecha de efectos específica. La norma ha sido convalidada por el Congreso, según la Resolución de 12 de noviembre de 2026.
Las novedades exigen revisar tanto la configuración de los contratos como la gestión de los impagos y el tratamiento fiscal de los alojamientos. El Real decreto ley 29/2026, analizado en el Dosier legislativo del Real Decreto-*ley 29/2026, de 6 de octubre, miedo el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, concentra varios cambios relevantes en estos ámbitos.
Alquileres temporales: hay que justificar la necesidad transitoria
Una de las principales novedades es la delimitación del alquiler temporal. El contrato tiene que indicar expresamente la causa que justifica el desplazamiento temporal del locatario respecto de su domicilio habitual. Esta causa tiene que ser real y acreditable, y corresponde al arrendador probar la existencia.
Por lo tanto, no basta de denominar el contrato «de temporada». Si no incorpora una causa de temporalidad debidamente prevista, queda sometido al régimen del alquiler de vivienda habitual desde su formalización.
La duración del alquiler temporal tiene que ser superior en treinta y un días y, como regla general, no puede exceder doce meses, salvo que persista justificadamente la causa temporal. Superar este plazo sin justificación o encadenar más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda comporta que el primero se considere de vivienda habitual.
La reforma también incluye expresamente el alquiler de habitaciones dentro de las modalidades de arrendamiento de vivienda, habitual o temporal según la necesidad que cubra. Alquilar por habitaciones deja de ser, pues, una vía para eludir las garantías propias del uso residencial.
Prórrogas y actualización de la renta
La norma establece una prórroga extraordinaria por anualidades, hasta un máximo de dos años adicionales, para los contratos de vivienda habitual vigentes que cumplan las condiciones legales. Lo tiene que solicitar el locatario, que tiene que estar al corriente del pago y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
Esta posibilidad no es automática ni universal: hay que comprobar el vencimiento del contrato o de la prórroga correspondiente, las excepciones por necesidad acreditada de ocupación del arrendador y la compatibilidad con otras prórrogas. En particular, la prevista para las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionat es preferente e incompatible con esta medida.
En cuanto a las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el límite máximo aplicable según el sistema de índices de precios de referencia, no se puede incrementar. En el resto de casos, se aplica el nuevo pacto entre las partes y, si no hay acuerdo, el incremento no puede superar el 2%. No se tiene que confundir esta regla con una autorización general para subir cualquier alquiler en este porcentaje.
Desahucios: más protección, pero con requisitos y excepciones
El Real decreto ley prevé, hasta el 31 de diciembre de 2030, un régimen de suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con diferencias según quienes presente la demanda.
Para los demandantes diferentes de las entidades específicamente descritas en el artículo 2.1, y cuando no sea aplicable la enervación extraordinaria, la suspensión se revisa cada doce meses y tiene una duración máxima de tres años desde que se acuerda. También se prevén compensaciones para determinados arrendadores, con los límites legales correspondientes. La suspensión no elimina, por sí misma, la obligación de pagar la renta.
No se trata de una paralización general de todos los desahucios. Entre otras excepciones, en este segundo régimen la vulnerabilidad de la parte demandada no prevalece cuando el demandante es una persona física titular de dos viviendas o menos.
Además, se introduce una enervación extraordinaria para determinados desahucios por impago de locatarios en situación de vulnerabilidad económica. La Administración competente dispone de dos meses improrrogables para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, si no lo hace, pagar o consignar íntegramente las cantidades y costas previstas. Durante este plazo se suspenden el procedimiento y, si procede, el lanzamiento.
Si transcurre el plazo sin alternativa ni pago íntegro, la Administración se subroga en la posición deudora del locatario, no procede el lanzamiento y el contrato se mantiene vigente hasta su vencimiento mientras persista la vulnerabilidad, en los términos de la norma.
Alojamientos de corta duración: IVA del 10% desde el 1 de diciembre
En el ámbito fiscal, la fecha clave es el 1 de diciembre de 2026. A partir de entonces, los arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas con una duración a favor de un mismo locatario de hasta treinta noches quedan fuera de la exención y pasan a tributar al tipo reducido del 10%, aunque no se presten servicios complementarios propios de la industria hotelera.
La norma prevé una excepción cuando el alojamiento es la residencia habitual del arrendador, sin perjuicio del tratamiento que corresponda si se prestan servicios hoteleros. Se mantiene también la tributación de los arrendamientos en que el arrendador se obliga a prestar estos servicios complementarios.
Para los gestores y propietarios, esto hace necesario revisar la facturación, los precios anunciados y las obligaciones tributarias. No es correcto concluir que cualquier alojamiento calificado como turístico tributa siempre igual: hay que examinar la duración, los servicios prestados y las características del inmueble.
Qué conviene revisar ahora?
La reforma aconseja comprobar la causa y la duración de los contratos temporales, las condiciones de los alquileres por habitaciones, los vencimientos y las actualizaciones de renta. En paralelo, los titulares de alojamientos de corta duración tienen que adaptar su gestión fiscal a la fecha de efectos del cambio en el IVA. Una revisión individualizada permitirá identificar las obligaciones aplicables y evitar decisiones basadas en una lectura demasiada general de las nuevas medidas.
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