En primer lugar, en fecha 13 de marzo de 2024 se introdujo en el territorio de Cataluña una nueva previsión legal que modificó significativamente la realidad de los alquileres. En este sentido, fue la aplicación de un límite del precio de los mismos que afectaba a un sector concreto: grandes tenedores
(personas con más de 5 inmuebles en su patrimonio) y contratos sobre inmuebles no sujetos anteriormente a un contrato de alquiler en los últimos 5 años, en aquellas zonas consideradas ‘’zonas tensionadas’’.
Por este motivo, entre otros, muchos propietarios han preferido optar por el alquiler de temporada ante la reforma indicada. Consecuentemente, los arrendamientos de temporada (aquellos de menos de un año), han aumentado significativamente, concretamente hasta un 55% ante el nuevo escenario inmobiliario. No es casualidad esta cuestión, ya que aunque exista una previsión legal para regularizar éste tipo de contratos, la realidad es que actualmente no existe límite en el precio del alquiler de corta duración.
A mayor abundamiento, los contratos de temporada también se usan con finalidades de alquiler turístico, perjudicando el sector hotelero.
En consecuencia, se está valorando introducir un control más exhaustivo en este tipo de contratos como establecer un control liderado por el Registro de la Propiedad en el que, existiendo un registro único, cada propietario debería anotar el contrato que recae sobre su inmueble además de presentar un informe justificando la causa de la duración del contrato que pretende firmar en cada caso.
Desde una perspectiva jurídica, una solución más garantista y efectiva para llevar a cabo este control, sería la de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, para regular y desarrollar de manera expresa los contratos de arrendamiento de temporada, ajustando la regulación a la realidad actual.
En Feliu Consultors, contamos con un departamento jurídico especializado en derecho inmobiliario, preparado para ofrecer asesoramiento y apoyo en temas de arrendamiento. Nuestro equipo puede ayudar a propietarios e inquilinos a garantizar que sus contratos de alquiler se ajusten a la normativa vigente y así evitar posibles problemas legales o sanciones administrativas.
