La Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo, introduce una nueva regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda de carácter temporal y de los arrendamientos de habitaciones en Cataluña.
La ley distingue dos grandes tipos de arrendamientos de temporada:
- Arrendamientos de temporada por razones de ocio o vacacionales.
- Arrendamientos de temporada por otros motivos temporales, como razones profesionales, estudios o atención médica.
En el caso de los arrendamientos de temporada por ocio o vacaciones, la norma exige que en el contrato se especifique expresamente la finalidad del arrendamiento y la residencia permanente del arrendatario, aportando documentación acreditativa, que deberá depositarse junto con la fianza.
En los arrendamientos de temporada por otros motivos temporales, también es obligatorio acreditar documentalmente la finalidad temporal y depositar dicha documentación con la fianza. En estos supuestos, la ley introduce limitaciones relevantes, entre ellas:
- Límites a la actualización de la renta.
- Restricciones en la repercusión de los gastos generales del inmueble.
- Limitaciones en el importe de la fianza y de las garantías complementarias.
En relación con los arrendamientos de habitaciones, la ley regula por primera vez esta figura, definiéndola como aquellos contratos que atribuyen el uso exclusivo de una habitación y el derecho a utilizar los espacios comunes de la vivienda, a cambio de un precio. Es fundamental atender a la finalidad del arrendamiento, ya sea de uso permanente o temporal. Además, se establecen limitaciones en la renta cuando la vivienda esté situada en zonas de mercado residencial tensionado.
La Ley 11/2025 también crea nuevos mecanismos de supervisión y control, como la Comisión de Supervisión de Contratos, encargada de controlar plataformas digitales y portales inmobiliarios para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Asimismo, se incorporan nuevos conceptos sancionables, entre los que destacan:
- El “contrato en fraude”, entendido como el uso de cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores.
- La “discriminación indirecta”, definida como prácticas aparentemente neutras que generan una desventaja particular para determinadas personas.
Finalmente, esta nueva regulación plantea dudas sobre su constitucionalidad, debido a una posible falta de competencias de la Generalitat de Cataluña en determinados aspectos, lo que podría dar lugar a la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En Feliu Consultors ayudamos a propietarios, arrendadores y empresas a adaptarse a la nueva normativa de arrendamientos y a garantizar el cumplimiento legal de sus contratos. Para cualquier duda o asesoramiento especializado, pueden contactar con nuestro equipo.