A partir del 14 de noviembre de 2025 entra en vigor el Real Decreto 893/2024, lo que implicará que los domicilios particulares pasarán a ser legalmente centros de trabajo con obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, al igual que cualquier otra empresa.
Esta nueva regulación, aprobada por el Gobierno español, pretende poner fin a una laguna histórica: hasta ahora, las personas trabajadoras del hogar no disfrutaban de la misma protección que el resto de trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
La nueva norma establece que cualquier persona o familia que tenga personal doméstico deberá evaluar inicialmente los riesgos laborales de su vivienda, implantar medidas preventivas y garantizar la formación de la persona trabajadora en prevención de riesgos. También se deberán proporcionar los equipos adecuados y seguros para el desarrollo de sus tareas y velar por la vigilancia periódica de la salud, de manera voluntaria y confidencial.
Esto significa que los empleadores serán responsables de la seguridad dentro del hogar, con la misma seriedad y rigor que una empresa. El coste de estas medidas no podrá recaer en ningún caso sobre la persona trabajadora. Asimismo, y para que las familias no tengan que empezar de cero, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto en marcha Prevenciones 10, una herramienta digital gratuita que permite evaluar los riesgos, descargar informes y cumplir fácilmente las obligaciones preventivas.
La plataforma, accesible desde la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ofrece también guías y modelos adaptados a las necesidades específicas del ámbito doméstico.
Se aplican las definiciones de prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo y riesgo laboral grave e inminente contenidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
También se incorpora la protección frente a situaciones de violencia o acoso, ya sea físico, psicológico o sexual.
Si una persona trabajadora abandona el domicilio por estos motivos, la ley deja claro que no se considerará una dimisión ni una causa justificada de despido.
El Ministerio de Trabajo califica esta medida como un “paso decisivo para dignificar el trabajo doméstico y reconocer su importancia social”. Según fuentes del Departamento, el objetivo no es solo cumplir la ley, sino promover una nueva cultura y corresponsabilidad dentro de los hogares.
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