Es situación conocida y ya tratada anteriormente en este espacio, las diferentes novedades a nivel jurídico que ha sufrido el ámbito de la vivienda, sobre todo haciendo especial mención al territorio catalán.
Con la publicación del Decreto Ley 6/2024, de 24 de abril, de medidas urgentes en materia de vivienda se han introducido una serie de obligaciones que condicionan y al mismo tiempo perjudican a los propietarios de los bienes inmuebles, sobre todo en los casos de alquileres de temporada.
Del mismo modo, en el presente texto legal se recoge un régimen sancionador con el fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones anteriormente mencionadas, buscando así, poder velar el objetivo esencial y principal del Decreto ley en cuestión, la protección al derecho de vivienda y al mismo tiempo a la posición de los inquilinos.
En consecuencia, el régimen sancionador expuesto se puede resumir en lo siguiente:
- Muy grave : establecer un arrendamiento que sobrepase el máximo permitido si la diferencia es superior al 30% u otorgar una calificación fraudulenta a la causa o finalidad del contrato de arrendamiento. El incumplimiento de estas obligaciones puede ser objeto de multas de entre 90.001 a 900.000 euros.
- Grave : establecer un arrendamiento que exceda del máximo permitido si la diferencia es entre el 10% y el 30%, no hacer constar la causa o finalidad en el contrato de arrendamiento y repercutir al arrendatario los gastos de gestión inmobiliaria o formalización del contrato. Su incumplimiento puede derivar en la imposición de una multa de 001 a 90.000 euros.
- Leve : establecer un arrendamiento que sobrepase el máximo permitido si la diferencia de rentas no supera el 10%. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser objeto de multas de entre 000 y 9.000 euros.
En conclusión, podemos observar que las consecuencias establecidas por el caso de incumplimiento de las nuevas obligaciones pactadas en el actual régimen en vigor pueden ocasionar multas económicas de distinto carácter y gravedad, pudiendo alcanzar incluso una sanción económica de 900.000 euros, en su umbral máximo. Por este motivo, es importante prestar atención a las próximas novedades sobre las afectaciones que pueden concurrir por su afectación a los contratos de alquiler y sobre todo, teniendo en cuenta la posición de los propietarios y las nuevas obligaciones establecidas.