El pasado 24 de diciembre de 2024 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2024, que incluye medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social. Este decreto introduce varias novedades en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que, con carácter general, entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.
Una de las principales medidas es la prórroga de las cuantías del SMI establecidas para 2024, que se mantendrán vigentes hasta que se aprueben las nuevas para 2025. Esto garantiza una continuidad en las condiciones salariales mientras se definen las nuevas cifras. Paralelamente, se ha aprobado la revalorización de las pensiones, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y adaptar las prestaciones a la situación económica actual.
En lo que respecta a las cotizaciones, el decreto prorroga las normas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 hasta la aprobación de la ley de presupuestos para 2025, manteniendo así la estabilidad normativa en este ámbito. Además, se consolidan los beneficios de cotización aplicables a trabajadores y empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y al Mecanismo RED, reforzando el apoyo a la protección laboral en situaciones de crisis.
El RDL también incluye una medida relevante para los socios de cooperativas que están incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Estos no tendrán que cotizar en función de los rendimientos siempre que cuenten con un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, favoreciendo así este modelo de economía colaborativa.
Por otro lado, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la prohibición de despedir por causas objetivas vinculadas al aumento de los costes energéticos en empresas que hayan recibido ayudas directas reguladas por este decreto. Esta medida busca proteger los puestos de trabajo frente al impacto de la crisis energética.
Finalmente, se ha modificado el límite de rendimientos íntegros del trabajo procedentes de segundos y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta. La cifra se eleva de 1.500 a 2.500 euros, una medida que puede beneficiar a muchos contribuyentes.
Las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 9/2024 suponen cambios importantes en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, con impactos directos para trabajadores, empresas y profesionales autónomos.
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